• Merecen ser reconocidos como sujetos de derecho público y tratados con dignidad y respeto, asevera el diputado Bonifacio Castillo Cruz.

Por el pleno reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, se pronunció el diputado Bonifacio Castillo Cruz, mediante una Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada al Pleno durante la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario del primer año de esta LXVI Legislatura.

El legislador destacó que en Veracruz, la tercera entidad federativa con mayor población indígena en el país, existen aproximadamente un millón 101 mil personas pertenecientes a los pueblos originarios y que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de los 212 municipios de Veracruz, 47 son indígenas, 24 tienen comunidades indígenas y 119 registran una población dispersa en su territorio.

El Diputado consideró que los pueblos indígenas y afrodescendientes, que viven en condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación e injusticia, deben pasar de ser entidades de interés público a sujetos de derecho público e iniciar así un verdadero desarrollo, decidir libremente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y fortalecer sus culturas, lenguas y valores propios, según lo prevén instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Para el proponente, resulta indispensable dotar a los pueblos y comunidades indígenas de capacidad jurídica para ejercer sus derechos y funciones de autoridad, armonizando así la norma constitucional local con los instrumentos internacionales que ya reconoce la figura jurídica referida.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el párrafo noveno al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y a la que se adhirieron las diputadas Citlali Medellín Careaga y Maribel Ramírez Topete y el Grupo Legislativo de Morena, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes.