- Zoe Robledo recalcó que corresponde a los gobiernos de los estados adquirir las vacunas contra el COVID-19 con sus propios recursos.
Fuente: Uno Tv
Zoé Robledo, director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que permite que los gobiernos de las entidades federativas, así como personas físicas y morales, puedan adquirir la vacuna contra COVID-19.
¿Qué requisitos deben cumplir los gobierno para adquirir vacunas?
Zoé Roledo detalló que el acuerdo establece que los gobiernos de las entidades federativas deben cumplir con cinco lineamientos o requisitos para adquirir las vacunas.
Primero: los gobiernos estatales deberán presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas que están autorizadas en México para adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.
Segundo: los gobiernos o personas físicas o morales deberán informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas a la población en general conforme a la política nacional de vacunación.
Tercero: los gobiernos, personas físicas y molares deberán respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas establecidos en la política nacional de vacunación para que se eviten duplicidades; es decir, para que nadie sea programado dos veces para aplicarse la vacuna.
Cuarto: los gobiernos deberán instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud.
Quinto: los gobiernos deberán garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo e informar a la Secretaría de Salud sobre su seguimiento con la periodicidad que la propia dependencia establece.
¿Gobiernos deberán pagar pos las vacunas?
Zoe Robledo recalcó que corresponderá a los gobiernos de los estados adquirir las vacunas contra el COVID-19 con sus propios recursos.
Finalmente, detalló que también deberán supervisar los planes de vacunación y que estos deberán ser congruentes con la política nacional de vacunación para garantizar la aplicación adecuada y oportuna a la población.