• Violan la Ley Orgánica de la Administración Pública
• No puede el Ejecutivo cambiar la estructura de dependencias
• La larga lista de funcionarios que ya le han renunciado

Miguel Angel Cristiani Gonzalez

El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra debería de haberle informado ya al presidente Andrés López Obrador que no puede estar cambiando o desapareciendo dependencias de la administración de acuerdo a las ocurrencias que tenga, como la más reciente, de quitar atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -en materia de puertos y aduanas- para pasárselas a las secretarías de la Defensa Nacional y Marina Armada de México, lo que a su vez motivó la renuncia del titular Javier Jiménez Espriú.

Porque para hacer eso, no basta con ordenarle a los titulares respectivos que dejen de operar esas áreas y que otras secretarías ahora sean las encargadas y responsables de ejecutarlas acciones correspondientes.

Así las cosas, sería conveniente que le informara, por principio de cuentas, que existe una Ley llamada de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en donde precisamente se enumeran las facultades, obligaciones y responsabilidades de cada una de las dependencias que integran la estructura del gobierno.

Pero además, no basta con que el mismísimo presidente de la República quiera cambiar la estructura y atribuciones de las dependencias federales, porque para ello, primero tendría que mandar al Congreso una iniciativa de decreto para modificar dicha ley, porque esa facultad, de aprobar modificar las leyes, corresponde únicamente al Poder Legislativo.

Ya de paso, que alguien le explique también, lo que se llamada División de Poderes, que precisamente sirve para evitar que alguno de los poderes se atribuya funciones que no le corresponden, como ha venido ocurriendo en la mal llamada administración federal de la Cuarta Transformación.

Porque hasta el día de hoy, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal -así se llama- no ha sido modificada para poder hacer las ocurrencias que tiene el titular del Poder Ejecutivo y en consecuencia, son una violación a dicha ley.

Ojalá y cuando menos, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra le leyera los siguientes artículos de la Ley Orgánica:

Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

V.- Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;

XII.- Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas delos servicios que presta la Administración Pública Federal de comunicaciones y transportes;

XIV.- Regular, promover y organizar la marina mercante;

XIX.- Adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; así como coordinar en los puertos marítimos y fluviales las actividades y servicios marítimos y portuarios, los medios de transporte que operen en ellos y los servicios principales, auxiliares y conexos de las vías generales de comunicación para su eficiente operación y funcionamiento, salvo los asignados a la Secretaría de Marina;

XX.- Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios.

Porque no basta que el presidente de la república tenga alguna ocurrencia, para que se tenga que aceptar y poner en práctica, porque para eso existe la división de poderes, que debe de ser un contrapeso para evitar que se puedan hacer y deshacer las políticas públicas, al antojo de un mandatario, porque eso en un sistema democrático como se supone que todavía es el que tenemos, no es aceptable.

Por ello es que en apenas 20 meses de la administración federal, ya es muy larga la lista de funcionarios que han decidido renunciar al cargo, antes de cumplir las ocurrencias y mandataros del Ejecutivo.

La de esta semana es la de Jiménez Espriú quien decidió renunciar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que ahora estará a cargo de Jorge Arganis Díaz Leal, quien ya ha trabajado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2008, como secretario capitalino de Obras, cuando se realizó el proyecto para la construcción de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Otras renuncias más han sido en julio de 2019, Carlos Urzúa decidió renunciar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por diferencias con AMLO.

Germán Martínez renunció a la Dirección General del IMSS.

En junio de 2019, el titular del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, dejó el puesto.

Josefa González Blanco también dejó su cargo como secretaria de Medio Ambiente

Simón Levy, quien estaba como subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Mónica Maccise Duayhe, decidió renunciar como titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Ricardo Ahued Bardahuil, renunció a la Dirección General de Aduanas.

Ricardo Rodríguez Vargas renunció a su cargo como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Guillermo García Alcocer fue presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Esos son algunos de los funcionarios que han renunciado, más los que se acumulen….